A pesar de haberse abierto un inmenso universo de información, el ideario cultural común, las estructuras sociales del conocimiento, se siguen formando y articulando en función de mensajes llamativamente homogéneos. En el caso de la prensa en nuestro país, es curioso comprobar cómo, ya sean periódicos escorados más a la izquierda o a la derecha, siguen manteniendo una semántica y una manera de exponer las noticias plagada de intencionalidad y de un peligroso sesgo tendencioso.
Basaré mis tesis en recientes ejemplos encontrados en las ediciones digitales de Público y El País que, en mayor o menor medida, se pueden considerar los periódicos de difusión nacional con una línea editorial más progresista (aunque esa afirmación sea bastante discutible).
En las páginas de Público se puede leer hoy (29/03/2011) que “el superávit de la Seguridad Social se reduce el 17,4 % hasta febrero”. Una primera lectura de este titular, más aún cuando no se dominan conceptos económicos, puede inducir al lector a pensar que la situación, efectivamente, está muy mala. Sin embargo, analicemos. El concepto superávit es el resultado de la confrontación de los ingresos y los gastos de cualquier sociedad, organización, institución, etc. Así, una relectura de lo expuesto nos revela que nuestra Seguridad Social aún mantiene más ingresos que gastos. Pero contextualicemos, relacionemos noticias y, de esta manera, comprobaremos cómo la supuesta mala salud de este organismo público no es más que una falacia interesada.
De las últimas reformas fiscales realizadas por el gobierno destacan las bajadas en los tramos de los impuestos directos (IRPF e IS), en los que se encuentran varias partidas directamente relacionadas con la Seguridad Social. Al mismo tiempo, no debemos perder de vista cómo se ha disparado el número de parados, lo que supone, por un lado, que disminuyan las cotizaciones de las empresas por sus trabajadores y, por otro, que los gastos públicos en forma de subsidios, prestaciones por desempleo o transferencias también hayan aumentado. Otras prestaciones (de dudosa eficacia) como el cheque bebé, la devolución generalizada de 400€ sobre el IRPF o las ayudas de 426€ a parados de larga duración, también han supuesto un considerable desembolso a las arcas de la Seguridad Social.
Sin embargo, como bien declara el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, este superávit de las cuentas en el cuarto año de la crisis es "una garantía de sostenibilidad, no sólo de las pensiones de los actuales pensionistas, sino también de futuro para los actuales cotizantes". Y llama la atención que la rotundidad de esta última afirmación sea tan diametralmente opuesta a las urgencias que expuso el Gobierno a la hora de aprobar la socialmente injusta reforma de las pensiones. Sigamos.
También hoy, El País publica una noticia con el siguiente titular, “el superávit del Estado baja un 43,5% por el nuevo sistema de financiación autonómica”. Sin duda, la primera impresión tras su lectura va en la misma línea que la anterior, lanzando además, de una manera que no se comprende sin malicia, una pulla al permanentemente cuestionado modelo autonómico, identificándolo en el falaz titular como la única causa de la supuesta mala noticia.
Pero una vez que lo analizamos de manera análoga al anterior, entendiendo lo que significa el concepto superávit, contextualizándolo en la crisis, teniendo en cuenta los millones de euros inyectados gratuitamente a los bancos para evitar que quiebren, llegamos a la conclusión de que la noticia no deja tan mal a las arcas públicas. Buceando además en ella, encontramos las declaraciones de Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda, afirmando que “si se realiza una comparación en términos homogéneos, descontando las mayores transferencias a cuenta realizadas a las comunidades, los excedentes de la Administración Central superarían en unos 600 millones a la cifra de 2010”. Y en este caso la palabra “excedente” es sinónimo de superávit, es decir, la cuantía de ingresos que está por encima de los gastos.
Por el contrario, sí que hay un dato preocupante en la noticia, que pasarán por alto la mayoría de los lectores que no se hayan quedado en el titular, y es que “entre los diferentes impuestos destaca el avance en la recaudación por IVA, que a diferencia de los dos primeros meses de 2010 ahora está en el 18% en su tipo general y en el 8% el reducido. Gracias a ello, la partida de impuestos indirectos ascendió un 4,5% hasta los 17.331 millones.”
No debemos pasar por alto que la subida del I.V.A. (impuesto indirecto) compensa a su vez la bajada de los tipos del IRPF y del IS (impuestos directos). Para los que no conozcan la naturaleza de ambos tipos de impuestos, deben saber que los directos gravan con porcentajes más altos a las rentas superiores, haciendo pagar más a los que más tienen, cumpliendo el mandato constitucional de redistribución de la riqueza, con el objetivo de evitar las grandes diferencias sociales. Los impuestos indirectos, en cambio, gravan por igual a todas las personas, independientemente de su patrimonio o de su poder adquisitivo, por lo que son manifiestamente más injustos.
De esta lectura comprensiva de ambas noticias y de la testación de lo tendencioso e inadecuado de sus titulares nace la inevitable duda ¿qué intereses mueven a los medios de comunicación y, en general, a los creadores de opinión a defenestrar lo público, especialmente en sectores como la sanidad, las pensiones o la educación?
En mi desasosiego personal por encontrar respuestas topé con un texto de Susan George y Ellen Gould, eminentes figuras del pensamiento político y filosófico anticapitalista, titulado “Liberalizar a escondidas, para entregar la salud y la educación a las multinacionales”.
En sus escasas ocho páginas, descubrí la existencia del llamado Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), elaborado y promovido por la Organización Mundial del Comercio, una de las instituciones que van influyendo y guiando, sin ninguna legitimidad democrática, las políticas económicas (y por ende las sociales) de los países de todo el mundo (porque a todos les afecta de una manera o de otra).
Es de destacar que la Comisión Europea, uno de los órganos de gobierno de la UE, es un actor importante en la puesta en práctica del AGCS. Sin ir más lejos, en el portal de Internet de la Comisión se pueden encontrar afirmaciones como que “la participación activa de las industrias de servicios en las negociaciones es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS no es un acuerdo sólo entre gobernantes. Es, ante todo, un instrumento en beneficio de los medios de negocio” (http://gats-info.eu.intgats-info/g2000.pl?NEWS=bbb ”The GATS is first and foremost an instruments for the Benedit of business”).
En este sentido, Michel Servoz, uno de los principales negociadores de la Comisión Europea para los servicios, declaró en un simposio organizado en 1999 (observen que los planes desreguladores no son un invento de nuestros días) que algunos sectores les parecían “de una importancia creciente” y querrían ver en ellos “un mayor nivel de compromiso”. Se refería a los mencionados servicios medioambientales, de la construcción, de la distribución, la salud o la educación. Aduciendo, en una clarificadora frase que “su lista de compras es similar a la de sus socios”. Afirmando que dichos sectores “ya estaban maduros para su liberalización” (Michel Servoz, <commentary>, GATS 2000: New Directions in Services Trade Liberalisation).
Llama poderosamente la atención ver cómo decisiones que afectan directamente a la vida de millones de personas se toman en pequeños grupos de intereses privados y comerciales para, posteriormente, ser impuestos a la población bajo el yugo de supuestas necesidades de mercado, creando opinión pública en base a discursos políticos y periodísticos que ocultan (a sabiendas o no) las verdaderas causas e intenciones que motivan las reformas legislativas que los favorecen.
Si, además, relacionamos estos hechos con el reciente debate acerca de sobornos pagados por Lobbys a parlamentarios de la UE (nada nuevo por otra parte), todas las piezas del puzzle encajan, claro está, si tenemos a mano los datos e informaciones suficientes para llegar a tales conclusiones. Luego el problema no es disponer en un universo virtual de una ingente cantidad de información, sino en ser víctimas de la divulgación de argumentos desde unas determinadas fuentes que, por simple poder de mercado, son capaces de establecerse y articular un pensamiento hegemónico unitario.
Es aquí donde el ciudadano y la prensa crítica tienen su caballo de batalla más importante en la era de la información. Debemos hacernos oír entre el ruido creado para confundir, para evitar que conozcamos. Debemos construir el cambio desde el conocimiento y el análisis complejo y crítico, sin mirar a beneficios económicos, sino a lo que deseamos y aspiramos como humanos, simple y llanamente.
Francisco Jurado Gilabert
Miembro de la organización Democracia Real Ya! Sevilla
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